La desregulación permite a colegios subir cuotas y matrículas sin aval

Más desregulación: con el Decreto 787/2025 los colegios privados podrán aumentar cuotas y matrículas sin aval estatal
El Gobierno derogó la normativa que regulaba los aranceles de los establecimientos educativos privados.
A partir de la firma del Decreto 787/2025, las instituciones de gestión privada quedan liberadas del régimen de control vigente por más de 30 años.
La medida deja sin efecto el Decreto 2417/1993, que obligaba a las escuelas privadas a notificar a las familias el monto de la matrícula y las cuotas.
La normativa derogada imponía además informar la forma y el plazo de pago, así como los recargos por atraso.
También exigía el acuerdo de los padres o tutores para modificar los valores de los aranceles.
Si no se alcanzaba un entendimiento, mantenían vigentes las tarifas anteriores.
En la práctica, sin embargo, muchas instituciones ya anunciaban aumentos y solicitaban la firma de los padres como señal de aceptación.
Esa firma no significaba, en muchos casos, un poder real de decisión por parte de las familias.
Con el nuevo decreto, las escuelas privadas no tienen la obligación de comunicar con anticipación las cuotas ni la matrícula ni de contar con la aprobación estatal.
El Gobierno justificó la desregulación afirmando que la intervención estatal en la regulación y financiamiento de la educación privada ha tenido efectos contraproducentes.
Según la versión oficial, el control limita la capacidad de adaptación de los colegios ante las fluctuaciones del mercado.
Se sostiene que esa rigidez impide ajustar los precios en función de la realidad económica y los costos operativos.
Además, advirtieron que las instituciones suelen fijar cuotas más elevadas por precaución, ante el temor de no cubrir costos si requieren aprobación estatal.
Esa dinámica, según la argumentación gubernamental, termina perjudicando a las familias con aranceles más altos desde el inicio del ciclo lectivo.
El decreto remarca que, al tratarse de entidades privadas, las instituciones deberían tener libertad para definir condiciones de contratación y salarios.
El texto sostiene que el principio de libre contratación debe proteger la capacidad de las escuelas para establecer políticas de precios y compensaciones.
Esa potestad estará sujeta, según la norma, a la demanda del mercado y a las decisiones internas de cada establecimiento.
La eliminación del control estatal sobre los aranceles reabre el debate sobre equilibrio entre autonomía privada y protección de las familias.
Entre los efectos anticipados, aparece la posibilidad de ajustes de cuotas más frecuentes y sin aviso previo.
Los padres y tutores pierden así un mecanismo formal de negociación sobre los cambios en aranceles y matrícula.
Queda por verse cómo impactará la medida en la transparencia de información sobre costos y recargos.
Tampoco está claro cómo se articularán garantías de acceso y calidad educativa ante la nueva regulación.
El Gobierno planteó que la liberalización busca preservar la viabilidad económica de los colegios privados.
Aun así, la decisión pone el foco en la tensión entre control estatal y autonomía del sector educativo privado.
Las comunidades educativas, asociaciones de padres y directivos enfrentarán ahora un escenario con mayor libertad tarifaria por parte de las instituciones.
El cambio normativo marca un punto de inflexión en la política de aranceles de la educación privada que llevaba décadas de regulación.