Universidades públicas en alerta por recortes y pérdida salarial

Universidades públicas del país están en alerta ante una pérdida salarial pronunciada y la caída sostenida del presupuesto universitario.
El propio Gobierno reconoce que entre 2023 y 2025 los salarios del sector —docentes y nodocentes— perdieron un 91,96% de su valor frente a la inflación.
Ese cálculo surge de comparar una inflación acumulada del 220,45% con una recomposición salarial del 128,49% fijada por el Decreto 647/2025.
A la par, distintas casas de estudio advierten que la asignación presupuestaria real para la educación superior muestra una disminución constante.
Datos difundidos por la Asociación de Personal Universitario de Lomas de Zamora (APULZ) señalan que para 2026 la partida equivaldría al 0,46% del PBI.
Ese porcentaje se ubica por debajo del 0,49% previsto para 2025, del 0,56% de 2024 y del 0,70% registrado en 2023.
Los sindicatos y las universidades señalan que se trata del nivel más bajo desde 2004, una situación que tensiona el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
La brecha entre la oferta oficial y las necesidades reales del sistema es significativa, según estimaciones del sector académico.
El Gobierno proyecta una asignación de 4,8 billones de pesos para las universidades, mientras que las casas de estudio calculan que requieren 7,3 billones.
Esa diferencia implica un aumento cercano al 52% del presupuesto para cubrir salarios, obras, compras de equipamiento y gastos operativos.
La reducción del gasto impacta en áreas centrales de la universidad pública: investigación, becas, mantenimiento edilicio y renovación tecnológica.
En ausencia de recursos suficientes, se ralentizan proyectos científicos, se ajustan programas de apoyo a estudiantes y se posponen inversiones necesarias.
Las autoridades universitarias subrayan que este deterioro arrastra problemas iniciados en 2023 y se profundizó con los ajustes de los últimos dos años.
En lo salarial, la recomposición insuficiente es uno de los reclamos principales de APULZ y otros gremios universitarios.
La pérdida del poder adquisitivo dificulta sostener planteles estables, actualizar materiales docentes y mantener las actividades de extensión.
Sindicatos y rectores advierten que el panorama configura un escenario de emergencia que afecta la calidad educativa y las condiciones laborales.
Ante la situación, referentes del sistema educativo instaron a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso.
Los pedidos apuntan a garantizar previsibilidad presupuestaria y revertir la tendencia descendente en la asignación para el sector.
Mientras continúan las negociaciones entre las instituciones y el Ejecutivo, las universidades alertan sobre riesgos concretos para 2026.
Sin una recuperación del financiamiento, advierten, se comprometerá la continuidad de proyectos estratégicos y la operatividad diaria.
La falta de ajuste presupuestario también incide en el acceso equitativo a la educación superior, según los reclamos del sector.
En ese contexto, las casas de estudio exigen medidas que permitan cerrar la brecha entre la oferta oficial y los recursos necesarios.
Reclamos gremiales y comunicados institucionales coinciden en la urgencia de revisar la asignación para evitar perjuicios mayores.
La combinación de pérdida salarial y recorte real del presupuesto pone en jaque la sostenibilidad de numerosas iniciativas académicas.
El debate sobre el financiamiento universitario se intensifica en un escenario donde las universidades buscan recuperar capacidad operativa.
Las autoridades, sindicatos y la comunidad académica mantienen diálogo con el Gobierno para intentar revertir la tendencia.
Hasta tanto no se concrete una recomposición acorde a la inflación y un aumento real del presupuesto, las universidades prevén un 2026 crítico.
La decisión sobre la asignación final y la posible aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario serán claves para definir el futuro inmediato.
El sistema público universitario, apuntan fuentes del sector, necesita recursos estables para garantizar calidad, investigación y equidad.
Sin cambios, concluyen, la combinación de ajuste presupuestario y pérdida salarial profundizará la crisis en las instituciones.