UCR presentó en Diputados proyecto para regular eutanasia en Argentina

UCR presentó en Diputados proyecto para regular eutanasia en Argentina

La UCR presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la eutanasia en Argentina, con el objetivo de garantizar la opción de ayuda médica para terminar la vida de personas con padecimientos graves bajo requisitos y controles estrictos.
La iniciativa fue impulsada por el diputado mendocino Lisandro Nieri y cuenta con la firma de otros cinco legisladores del bloque radical.
El proyecto retoma una demanda histórica del partido y prevé que pueda ser tratado al inicio de las sesiones ordinarias de 2026.
Su propósito central es reconocer y proteger el derecho de quienes padecen enfermedades crónicas, limitantes o graves a solicitar asistencia médica para morir, siempre sujeto a procedimientos de evaluación y control.
En el marco del texto se incluye la posibilidad de revocar la solicitud en cualquier momento del proceso, una garantía pensada para preservar la autonomía del paciente.
Además, la propuesta exige la cobertura integral de la práctica por parte del sistema de salud público y privado, buscando evitar barreras económicas o administrativas.
El proyecto también contempla sanciones para quienes obstruyan injustificadamente el acceso del paciente a este procedimiento.
Hoy la legislación argentina sobre el final de la vida está regulada por la Ley 26.742, que modificó la Ley 26.529 de Derechos del Paciente e incorpora la figura de la “muerte digna”.
Esa normativa permite rechazar tratamientos y decidir sobre el avance de una enfermedad, incluso si ello conduce al fallecimiento, pero no autoriza la asistencia médica activa para provocar la muerte.
La iniciativa de la UCR propone avanzar más allá del marco de la muerte digna, estableciendo un mecanismo claro para la eutanasia activa con controles éticos y clínicos.
Entre los puntos que plantea el texto figuran evaluaciones por equipos médicos interdisciplinarios, plazos de reflexión y documentación del consentimiento informado.
El proyecto busca balancear el derecho a la autonomía con salvaguardas que eviten situaciones de coacción o decisiones tomadas en contextos de vulnerabilidad.
La discusión legislativa se enmarca en un debate social y bioético más amplio sobre la muerte asistida, los derechos del paciente y la responsabilidad profesional en salud.
En la región también hubo movimientos recientes en la materia: en octubre de 2025, el Parlamento de Uruguay aprobó una ley que legaliza y regula la muerte asistida.
El caso uruguayo es significativo porque, a diferencia de decisiones judiciales o resoluciones administrativas en otros países, el Parlamento sancionó una ley integral tras varios años de debate.
En Colombia, por ejemplo, la regulación de la muerte asistida avanzó a partir de un fallo de la Corte Constitucional en 1997 y de normas ministeriales posteriores, pero no mediante una ley parlamentaria completa.
La propuesta de Uruguay permite la opción de muerte asistida para personas con enfermedades terminales, incurables e irreversibles, siempre que exista consentimiento expreso y reiterado.
El proyecto presentado por la UCR en Argentina toma en cuenta estos antecedentes regionales sin incorporar cambios que no estén previstos en el texto original.
Si avanza en Diputados, la iniciativa abrirá un debate público y legislativo sobre criterios médicos, éticos y de cobertura sanitaria en torno a la eutanasia.
La norma propuesta plantea también mecanismos de control institucional para garantizar el cumplimiento de los requisitos y la protección de los derechos del paciente.
Los impulsores del texto sostienen que una regulación clara puede brindar seguridad jurídica a profesionales de la salud y a personas en situación terminal o con padecimientos limitantes.
Queda por verse el recorrido parlamentario que seguirá la iniciativa y cómo se integrarán las distintas posiciones políticas y sociales en el debate.
Mientras tanto, la presentación reaviva la discusión sobre eutanasia en Argentina y coloca el tema nuevamente en la agenda pública y legislativa.