Exigen reparación a familiares y sobrevivientes de fentanilo contaminado
Un proyecto de ley busca reparar a las víctimas y familiares de la tragedia del fentanilo contaminado, ofreciendo una reparación económica y prestaciones sociales integrales, anunció el diputado nacional Eduardo Valdés.
La iniciativa, presentada por Valdés (Unión por la Patria), propone una subvención equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles para sobrevivientes y familiares directos de las víctimas fatales por lotes de medicamentos adulterados con fentanilo.
Además del aporte económico, el proyecto contempla prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral destinadas a garantizar una reparación integral e igualitaria.
Para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, la iniciativa prevé una pensión vitalicia; quienes sobrevivieron con secuelas recibirían beneficios adaptados a sus incapacidades derivadas de la intoxicación.
La subvención no será incompatible ni se computará en futuras indemnizaciones que las víctimas o sus familiares puedan cobrar por vía judicial o extrajudicial.
Los beneficiarios incluirían a hijos menores hasta los 18 años, a quienes cobrarían a través de sus representantes legales, y a estudiantes mayores hasta los 25 años, previa acreditación del certificado correspondiente.
También podrán recibir la ayuda el cónyuge o conviviente que acredite al menos dos años de convivencia inmediata previa al fallecimiento de la persona afectada.
En el caso de víctimas sobrevivientes, la prestación económica se mantendrá durante el período en que persista la incapacidad laboral ocasionada por el suministro del fentanilo contaminado o adulterado.
La norma crea el “Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado”, que será implementado por el Ministerio de Capital Humano.
El Ministerio deberá coordinar la ejecución del programa con las provincias afectadas, para asegurar la cobertura territorial y la atención a todas las familias perjudicadas.
Se establece también la creación de un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, organizaciones no gubernamentales y organismos públicos.
Ese organismo tendrá como objetivo garantizar la transparencia y la efectividad en la aplicación de la ley, supervisando el acceso a las prestaciones y el cumplimiento de los derechos.
Valdés afirmó que “el Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia”, subrayando la responsabilidad pública frente a los daños causados por el fentanilo contaminado.
El diputado explicó que la combinación de inoperancia estatal y negligencia privada dejó una herida abierta en la sociedad argentina, y justificó la necesidad de una respuesta legislativa.
El proyecto lleva también la firma de otros diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, según informó el autor de la iniciativa.
Con esta ley, el Estado busca ofrecer reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados por la circulación de medicamentos adulterados con fentanilo.
La propuesta detalla condiciones de acceso, límites de edad para beneficiarios y la modalidad de cobro a través de representantes legales cuando corresponda.
Al garantizar que la subvención no interfiera con indemnizaciones futuras, el proyecto pretende evitar que las familias renuncien a acciones judiciales para obtener compensaciones adicionales.
La implementación del programa y la coordinación interjurisdiccional son aspectos centrales para asegurar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.
La inclusión de familiares y organizaciones civiles en el consejo de seguimiento apunta a fortalecer la fiscalización ciudadana sobre la ejecución de las medidas.
Si la ley prospera, las prestaciones cubrirían tanto la atención médica como la asistencia para la reinserción educativa y laboral de los afectados por el fentanilo.
La iniciativa busca, en definitiva, establecer un marco de reparación integral que combine apoyo económico, sanitario y social para las víctimas y sus familiares.
El proyecto pone el foco en la reparación inmediata y en la protección a largo plazo de quienes sufrieron daños por los medicamentos adulterados.
Queda ahora en manos del Congreso debatir la iniciativa y definir los mecanismos presupuestarios y administrativos para ponerla en marcha.
