Cómo afectaría el acuerdo comercial con EE. UU. a La Salada
El acuerdo comercial y de inversión entre Argentina y Estados Unidos incorpora un capítulo clave de Propiedad Intelectual que apunta directamente a centros mayoristas conocidos por la venta de mercadería falsificada, como la feria La Salada, y obliga a reforzar la fiscalización tanto presencial como en el entorno digital.
La Casa Blanca resaltó en su comunicado que “Argentina ha tomado acción contra un importante y notorio mercado regional de productos falsificados”, en referencia a medidas que buscan reducir la oferta y circulación de bienes apócrifos.
En el marco del pacto, el gobierno de Javier Milei se comprometió a “continuar mejorando la fiscalización contra bienes falsificados y pirateados, incluyendo el ambiente online”, una señal clara de que la lucha contra la piratería será prioritario en la agenda bilateral.
El informe 2024 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), identificó a la feria de La Salada como uno de los principales focos regionales de venta de productos falsificados y actos de piratería.
Esa mención en el informe estadounidense pone el foco sobre la necesidad de controles más estrictos y de cooperación entre autoridades argentinas y organismos internacionales para mejorar la protección de marcas y derechos de autor.
La problemática de la “mercadería trucha” fue también uno de los motivos centrales del cierre temporal de la feria La Salada en Lomas de Zamora, episodio que derivó en compromisos concretos por parte de los organizadores y las autoridades locales.
Tras asumir esos compromisos, la feria reabrió sus puertas, aunque la inclusión del tema en un acuerdo bilateral con EE. UU. añade presión para mantener y profundizar las medidas de control.
La clausura y reapertura de La Salada demostraron cómo la combinación de intervenciones administrativas y la visibilidad internacional pueden influir en la gestión de mercados informales de gran escala.
El capítulo de Propiedad Intelectual del acuerdo actúa como un instrumento que busca disminuir la oferta de productos falsificados mediante una mayor fiscalización, controles aduaneros y acciones en el entorno digital, sin que el texto comparta detalles operativos específicos.
Las referencias del gobierno estadounidense y del USTR subrayan que la insuficiente protección de la propiedad intelectual puede afectar las relaciones comerciales y la confianza entre socios, incentivando a Argentina a priorizar las reformas necesarias.
Para los comerciantes y consumidores, la implementación efectiva de estas medidas implicará cambios en la dinámica de venta y en la supervisión de dispositivos de comercio electrónico y plataformas de oferta.
La coordinación entre municipios, provincias y el gobierno nacional será clave para que las acciones prometidas sean sostenibles en el tiempo y no se limiten a intervenciones puntuales.
El alcance del acuerdo no solo apunta a sancionar a quienes comercializan artículos falsificados, sino también a fortalecer mecanismos de prevención y detección temprana, en especial en ambientes online donde se replica la oferta ilícita.
Si las medidas de fiscalización se aplican con continuidad, podrían reducirse los grandes volúmenes de mercadería apócrifa que circulan en puntos de venta masiva y disminuir el impacto económico sobre titulares de marcas y autores afectados.
Sin embargo, el éxito dependerá de la combinación entre legislación, operativos de control, cooperación internacional y políticas públicas que promuevan la formalización del comercio.
La inclusión de La Salada en el informe del USTR y la mención explícita en el comunicado de la Casa Blanca muestran que la cuestión trasciende lo doméstico y se ubica en la agenda de comercio e inversión entre ambos países.
Para el gobierno de Javier Milei, cumplir con los compromisos adquiridos en materia de propiedad intelectual significará mostrar resultados tangibles que permitan sostener la relación comercial y responder a las observaciones internacionales.
En la práctica, los desafíos incluyen mejorar la inspección en lugares de alta concentración comercial, actualizar normas sobre comercio electrónico y articular procedimientos aduaneros más ágiles contra la entrada y salida de productos falsificados.
Para los habitantes y trabajadores vinculados a La Salada, las medidas representan una tensión entre la necesidad de controles y la preservación de fuentes de ingreso; por eso la implementación requerirá planes que contemplen alternativas económicas.
La polémica alrededor de la feria y la presión internacional reiterada por parte de Estados Unidos recuerdan que la protección de la propiedad intelectual es un factor determinante en acuerdos comerciales modernos.
Queda por ver cómo se traducirán en la práctica las promesas de “mejorar la fiscalización” y qué indicadores se usarán para medir la reducción de la venta de productos falsificados.
Mientras tanto, la inclusión de La Salada en documentos oficiales y comunicados bilaterales aumenta la atención sobre mercados informales y coloca el control de la piratería en el centro del debate sobre comercio e inversión.
