El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales en el país
El Gobierno abrió las ofertas económicas para la privatización de rutas nacionales incluidas en la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), que abarca 741 kilómetros de tramos estratégicos, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y la logística para el sector productivo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que las propuestas recibidas se presentaron por debajo del precio tope fijado en el pliego, lo que, según dijo, garantiza eficiencia y transparencia en el proceso. Caputo destacó que la iniciativa se impulsa sin subsidios, con inversión privada y buscando rutas más modernas, mientras se protege el uso de los recursos públicos.
Esta Etapa I representa el primer paso hacia una red de más de 9.000 kilómetros proyectados para concesionar, una infraestructura destinada a optimizar la logística, reducir costos para el sector productivo y fortalecer la integración regional con Brasil y Uruguay.
Los tramos licitados en esta etapa están ubicados en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y son considerados clave para la producción y las exportaciones. El paquete incluye las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos.
La Etapa I de la RFC fue lanzada en enero y el proceso de recepción de ofertas se cerró el 5 de agosto. Con este avance, el Gobierno busca acelerar la mejora de corredores viales estratégicos sin elevar la carga fiscal.
Paralelamente, ya se puso en marcha la Etapa II, que licitará más de 1.800 kilómetros adicionales. Entre los tramos previstos figura el Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 km, que comprende las rutas nacionales 3, 205 y 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas. También se incluye el Tramo Pampa, de 547 km sobre la RN 5 entre Luján y Santa Rosa.
Con estas concesiones, el Gobierno pretende fomentar la participación del sector privado en la infraestructura vial, mejorar la conectividad interna y facilitar el acceso a mercados externos, manteniendo control sobre la transparencia y el costo del proceso.
