Gobierno fijará por decreto el salario mínimo tras fracaso del Consejo
El Gobierno de Javier Milei anunció que fijará por decreto el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) tras fracasar las negociaciones en el Consejo del Salario, una decisión que generó el rechazo de las centrales sindicales y organizaciones sociales.
El monto definitivo todavía no fue publicado, pero desde el Ejecutivo informaron que la imposibilidad de alcanzar un acuerdo tripartito obligó a trasladar la definición a una resolución gubernamental.
Según el Gobierno, la falta de consenso entre sindicatos y cámaras empresarias impidió la firma del pacto habitual y dejó el camino abierto para una determinación unilateral por decreto.
Los sindicatos interpretaron en sentido contrario la medida y la calificaron como una prueba de la alineación del Gobierno con el sector empresarial, advirtiendo que el salario mínimo quedará “muy por debajo de la línea de indigencia”.
En el encuentro del Consejo del Salario afloraron propuestas con diferencias marcadas sobre el nivel del SMVM.
La CGT y la CTA plantearon llevar el salario mínimo a $553.000 a partir de abril de 2026.
La CTA Autónoma propuso $736.000, que definió como un monto “por encima de la línea de indigencia” y más cercano al costo de la Canasta Básica Total.
El sector empresario, que agrupa a cámaras como la UIA y la CAME, presentó una oferta sensiblemente más baja: $326.000 de forma inmediata y $349.000 desde abril de 2026.
Esa brecha entre las propuestas impidió el acuerdo tripartito y motivó la decisión oficial de fijar el SMVM por decreto.
Las centrales obreras criticaron con dureza la resolución y sostuvieron que el Ejecutivo utilizó la falta de consenso para imponer un valor cercano a la pauta empresarial, priorizando la contención de costos laborales por sobre la recuperación del poder adquisitivo.
Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que la medida responde a “un acuerdo con las cúpulas empresariales” y acusó al Gobierno de ejercer el “despotismo” que, según él, caracteriza su política laboral.
Las organizaciones denuncian que esa estrategia condena a trabajadores formales e informales y a beneficiarios de programas sociales a ingresos que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.
En paralelo a la sesión del Consejo del Salario, las dos CTA y diversas organizaciones sociales realizaron una movilización para exigir que el SMVM se equipare al costo de la Canasta Básica Total, es decir, a la línea de pobreza.
Los manifestantes advirtieron que un salario mínimo por debajo de ese umbral profundiza la desigualdad y la precariedad laboral.
Ante la expectativa por el decreto, los sindicatos anunciaron que mantendrán el plan de lucha y las acciones de presión política para intentar revertir o modificar la decisión oficial.
Hasta la publicación del decreto, la incertidumbre sobre el monto y la forma de aplicación mantiene en alerta a trabajadores y organizaciones sociales.
El resultado de esta discusión se perfila como un nuevo foco de tensión entre el Gobierno, el movimiento obrero y los sectores sociales.
La definición que adopte la administración será clave para la dinámica de reclamos sindicales y para el debate público sobre la protección del poder adquisitivo y la equidad social.
