Violencia de género: piden detención por violar órdenes de restricción
El municipio de Morón y el Observatorio Federal de Seguridad y Justicia presentaron un proyecto de ley para que los agresores que incumplan medidas de restricción en casos de violencia de género puedan ser detenidos de forma inmediata, una iniciativa que busca reforzar la protección de las víctimas y agilizar la respuesta judicial.
La propuesta introduce una reforma al Código Procesal Penal y plantea la modificación del artículo 151 del Código Penal bonaerense para permitir la detención cuando haya desobediencia de una orden judicial en contextos de violencia de género.
Sus autores sostienen que la medida no busca aumentar las penas ni criminalizar más conductas, sino facultar a jueces y fiscales para ordenar la detención del agresor cuando viola reiteradamente medidas de protección dictadas por la Justicia.
Actualmente, la figura de “desobediencia” tiene una pena baja, lo que dificulta la actuación rápida del sistema y deja a muchas mujeres en situación de riesgo, explicaron desde el municipio y el observatorio.
Entre las conductas que se pretende desalentar la iniciativa menciona acercarse, contactarse, hostigar o esperar a la víctima en su casa o en su lugar de trabajo, actos que prolongan el peligro y la revictimización.
La reforma busca lograr una intervención más eficaz frente a la reiteración de violaciones a las medidas de restricción, con el objetivo de prever y evitar nuevos episodios de violencia.
La presentación del proyecto coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, jornada en la que varias organizaciones denunciaron que las violencias contra mujeres, niñas, adolescentes y diversidades no disminuyen.
La Casa del Encuentro advirtió que, lejos de bajar, las situaciones de violencia se acrecientan y pidió visibilizar tanto las violencias micro como las macro en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
En su informe de octubre, esa organización consignó que 31 víctimas habían realizado denuncia y que en 13 casos los femicidas contaban con medidas cautelares de prevención, datos que subrayan la necesidad de respuestas más eficaces.
Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) informó que solo en lo que va del año se registraron 231 femicidios en Argentina y que 157 niños y adolescentes quedaron sin madre, motivo por el cual renovó el pedido de declarar la emergencia.
La organización feminista también advirtió que el ajuste económico, medidas como el blanqueo de capitales y la facilitación para la portación de armas de fuego favorecen la expansión de la narco criminalidad, de la cual las mujeres son víctimas directas.
Los proponentes del proyecto sostienen que permitir la detención cuando se viola una orden judicial en contextos de violencia de género es una herramienta para prevenir escaladas y proteger la integridad de las personas afectadas.
La iniciativa pretende que la Justicia pueda actuar con mayor celeridad y eficacia frente a la desobediencia reiterada, sin modificar los tipos penales ni endurecer las penas existentes.
Defensores de la reforma subrayan la necesidad de coordinar acciones entre fiscalías, fuerzas de seguridad y dispositivos de protección para garantizar el cumplimiento de las medidas de restricción.
También se plantea la importancia de campañas de difusión y de formación específica para operadores judiciales y policiales sobre protocolos de intervención en violencia de género.
Las organizaciones de la sociedad civil que acompañan la iniciativa insisten en que la implementación práctica será clave para que la norma se traduzca en mayor seguridad para las víctimas.
Ante cualquier situación de violencia de género, las autoridades recuerdan que se puede comunicarse con la línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento especializado.
Si se trata de una situación de riesgo inminente, las personas deben comunicarse con el 911 para solicitar intervención inmediata.
