Ordenan decomiso de bienes de Cristina Fernández tras fallo judicial

El Tribunal Oral Federal 2 ordenó el decomiso de bienes atribuidos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, una medida vinculada al fallo de diciembre de 2022 que fue confirmado en junio pasado.
La resolución, que afecta a la ex mandataria y a otros condenados, se dictó ante el incumplimiento de la ejecución de la condena y apunta a recuperar activos para reparar el daño causado.
El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, determinó la realización y venta de los bienes identificados como instrumentos o producto del delito.
En total fueron individualizados 122 bienes inmuebles que, según la investigación del Ministerio Público Fiscal, se vinculan con la maniobra desarrollada entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
La medida incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández y un paquete de propiedades cedidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
El decomiso responde además a la actualización del monto original que se fijó en concepto de confiscación: la suma inicialmente establecida en $84.835 millones fue recalculada por peritos contadores y elevada a $684.990 millones.
Esos criterios de actualización fueron ratificados por la Corte Suprema de Justicia, lo que fortaleció la base técnica de la solicitud de decomiso.
Ante la falta de pago o cumplimiento por parte de los condenados, el tribunal dispuso la ejecución forzosa mediante la venta de los activos señalados.
La medida judicial busca garantizar la afectación de los fondos recuperados a la reparación del daño social ocasionado por las obras viales inconclusas.
En ese sentido, el fallo subraya la necesidad de priorizar la inversión en la provincia de Santa Cruz, una de las más perjudicadas por la paralización de obras durante el período investigado.
El proceso de identificación de los bienes estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, que clasificó los inmuebles como activos incorporados en el lapso en que se habría cometido el fraude administrativo.
El tribunal consideró probada la relación entre los bienes y la maniobra de adjudicación irregular de contratos de obra pública.
Los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso señalaron que la ejecución del decomiso es procedente ante la imposibilidad de satisfacer la condena pecuniaria por otros medios.
La decisión incluye medidas para materializar el embargo y asegurar la trazabilidad de los fondos que se obtengan con la venta de los inmuebles.
El fallo se inscribe en la causa denominada Vialidad, pieza central de la investigación por supuestas irregularidades en contrataciones públicas durante los gobiernos analizados.
La condena a Cristina Fernández, que cumple prisión domiciliaria por seis años, quedó firme con la confirmación judicial de junio, lo que habilitó al tribunal a avanzar en esta etapa de ejecución.
Fuentes judiciales precisaron que la medida alcanza también a otros condenados cuyos activos fueron igualmente identificados por la fiscalía.
El monto actualizado por los peritos contadores y avalado por la Corte Suprema representa la cifra que el tribunal busca hacer efectiva mediante el decomiso de bienes inmuebles.
El fallo establece mecanismos para garantizar que los recursos recuperados se destinen a reparar daños concretos, especialmente en infraestructura vial en Santa Cruz.
La ejecución de la medida implicará la inscripción y posterior remate de los bienes embargados, conforme a los procedimientos previstos por la ley procesal penal vigente.
El tribunal explicó que el objetivo es que la reparación del daño social no quede solo en la teoría, sino que se concrete mediante la afectación real de los bienes decomisados.
Entre los inmuebles señalados figuran propiedades localizadas en diferentes jurisdicciones, todas vinculadas temporalmente con el período de maniobra investigado.
La resolución constituye un paso relevante en la etapa de ejecución de la sentencia y en los esfuerzos del Estado por recuperar activos vinculados a delitos económicos.
La causa Vialidad sigue bajo escrutinio judicial mientras se definen los procesos de venta y afectación de los fondos obtenidos por el decomiso.
El tribunal mantendrá las medidas necesarias para supervisar la correcta aplicación de lo dispuesto y asegurar que los fondos cumplan su destino de reparación.
Con esta resolución, la justicia busca dar respuesta material a la condena y cerrar una etapa procesal clave en la causa que investiga las irregularidades en la obra pública.