El Gobierno analiza llamar a la CGT antes de presentar reforma laboral
El Gobierno analiza convocar a la nueva cúpula de la CGT para negociar la reforma laboral antes de presentarla en el Congreso, en un intento por achicar diferencias y asegurar apoyos en el Senado y en Diputados.
La negociación busca articular con la central sindical los puntos centrales del proyecto que el oficialismo pretende ingresar primero por la Cámara Alta.
En Casa Rosada consideran clave un encuentro a corto plazo con Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros).
Fuentes oficiales afirman que no se intentará centralizar las conversaciones en el Consejo de Mayo, que no volvió a reunirse tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.
La estrategia del Ejecutivo será mantener reuniones sectoriales, con interlocuciones separadas para cada rama del sindicalismo y del empresariado.
El nuevo ministro coordinador, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, están coordinando encuentros con los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo para sumar adhesiones en el Congreso.
El proyecto oficial propone modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) orientadas a reducir los costos de contratación y los impuestos laborales, y a limitar la participación estatal en acuerdos entre privados.
Se busca fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismos preferentes para la resolución de conflictos, con el objetivo de evitar la judicialización de los conflictos laborales.
Entre las medidas en discusión figura la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos, lo que impactaría en su recaudación, y la aplicación de convenios específicos sobre los distintos colectivos laborales.
También se plantea profundizar limitaciones al derecho de huelga declarando como servicios esenciales hasta el 50% de áreas como salud, transporte, telecomunicaciones y educación, entre otras.
Como concesión al diálogo con la CGT, el Ejecutivo decidió no reglamentar el artículo 94 de la Ley de Bases, que modifica la Ley 20.744 y prevé la posibilidad de considerar como causal de despido la participación activa en bloqueos o tomas.
Ese artículo dispone que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.
El año pasado, la Casa Rosada impulsó medidas como la eliminación de multas por trabajo mal registrado, la ampliación del período de prueba laboral a ocho meses y la creación de un fondo de cese laboral optativo.
Desde Balcarce 50 también sostienen la política de no homologar paritarias por encima de la inflación, pese a las tensiones con los gremios.
Los responsables de conducir los cambios en el régimen laboral son los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía), junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Desde Nación aseguran que ya hubo contactos preliminares con la nueva conducción de la CGT para comenzar a negociar los puntos más sensibles de la reforma.
El Gobierno formalizará la primera convocatoria a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.
Además, planea que el debate de la reforma laboral comience en el Senado bajo la interlocución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y busca ampliar las sesiones extraordinarias del 15 de enero hasta fines de febrero.
Las nuevas autoridades de la CGT manifestaron su voluntad de abrir una mesa de diálogo con el Ejecutivo, aunque anticiparon el rechazo a tres propuestas que circularon sin confirmación oficial: el tope a las indemnizaciones, los bancos de horas y el salario por productividad.
Cristian Jerónimo advirtió en declaraciones radiales: “No vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos”.
El dirigente del Sindicato del Vidrio afirmó que la central está dispuesta a discutir “sobre bases convencionales y con criterios razonables”.
Jerónimo recordó además que Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, integra el Consejo de Mayo y subrayó la disposición a conversar “mientras sea un diálogo criterioso”.
Jorge Sola, del sector de Seguros, sostuvo que la CGT no acompañará “nada que replique el DNU 70/23” y recordó que la Justicia ya declaró inconstitucional ese decreto.
Sola advirtió además que existe “un sector del Gobierno que busca atomizar el poder sindical, tratándonos como adversarios políticos”.
En los próximos días se esperan las convocatorias formales y las reuniones bilaterales que definirán si es posible avanzar en consenso o si el debate de la reforma laboral llegará a endurecerse en el Congreso.
El timing de esas conversaciones será clave para el ingreso del proyecto y para la elaboración de un texto que el oficialismo confía debatir primero en la Cámara Alta.
