Corte Suprema confirma condena a Julio De Vido por tragedia de Once
La Corte Suprema dejó firme la condena a Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia de Once, al considerar que fue partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La resolución cierra de manera definitiva la causa vinculada al accidente del 22 de febrero de 2012, que causó 51 muertos y más de 700 heridos.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos presentados por la defensa del exministro y por el Ministerio Público Fiscal, y declararon “inadmisibles” los planteos al amparo del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La decisión confirma la pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación especial perpetua impuestas a De Vido. Esa sentencia original fue dictada en 2018 por el Tribunal Oral Federal N° 4, que estableció que el exfuncionario no cumplió con su deber de supervisar el destino de los fondos públicos destinados a la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
En el juicio oral, los magistrados absolvieron a De Vido del delito de estrago culposo, pero lo responsabilizaron por la falta de control en el manejo de los recursos públicos que debían garantizar la seguridad del servicio ferroviario.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó posteriormente la condena. En 2024 la Corte Suprema ratificó la responsabilidad penal del exministro y ordenó revisar la pena, que quedó finalmente fijada en cuatro años de prisión.
Con el rechazo de los últimos recursos presentados por la defensa, el máximo tribunal dejó firme la sanción y clausuró de forma definitiva la vía judicial en relación con esta causa.
La resolución impacta en el cierre de un proceso judicial emblemático sobre la negligencia y el manejo de fondos públicos en el sistema ferroviario argentino, y subraya la responsabilidad de los funcionarios en el control del gasto público asignado a concesionarias como TBA.
La confirmación de la condena por administración fraudulenta refuerza la interpretación de la Justicia sobre la obligación de los ministros de supervisar la correcta aplicación de recursos destinados a la seguridad del transporte público.
La causa de Once permanece como uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del transporte argentino, tanto por la magnitud del desastre como por las consecuencias judiciales que implicaron sanciones para exfuncionarios vinculados al área.
