Cattalini pidió celeridad al Consejo de la Magistratura por Salmain
La diputada provincial Lionella Cattalini exigió al Consejo de la Magistratura celeridad en el tratamiento del expediente que investiga al juez federal Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario, tras aportar nuevos elementos que, según la legisladora, demandan una actuación urgente para preservar la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial.
En la presentación formal ante el Consejo, Cattalini amplió la información que obra en el expediente y presentó documentación adicional vinculada a presuntas irregularidades financieras, solicitudes de dinero y denuncias laborales contra el magistrado.
Entre las pruebas remitidas figura una investigación penal relativa a una operación financiera por diez millones de dólares que habría sido autorizada por Salmain a favor de una empresa vinculada al empresario Fernando Whpei. Según la versión incluida en la causa, Whpei habría señalado que el juez se quedó con un porcentaje de la transacción.
Además, la diputada incorporó al expediente declaraciones que atribuyen a Salmain pedidos de dinero a cambio de decisiones judiciales, así como denuncias por acoso y persecución laboral contra funcionarios y empleados de su juzgado.
Cattalini sostiene que los antecedentes conocidos y los nuevos hechos configuran un patrón de conducta incompatible con el ejercicio de la función judicial, y reclamó rapidez en la instrucción disciplinaria.
La legisladora solicitó expresamente a la jueza Alejandra Provítola, responsable de la acusación en el Consejo de la Magistratura, que avance con la seriedad y la celeridad que el caso exige para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
El expediente contra Salmain está abierto desde julio pasado, cuando se detectó que el magistrado omitió consignar en su currículum un antecedente de cesantía ocurrido hace dos décadas, cuando fue separado de la Justicia Federal porteña por un intento de soborno.
Como consecuencia de esa omisión en la declaración jurada, el Consejo inició un proceso disciplinario para analizar los hechos y determinar responsabilidades administrativas y éticas.
En agosto, Cattalini solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación copia de los antecedentes que Salmain presentó en el concurso de 2022, así como la resolución de cesantía que no fue incluida en su declaración jurada.
Esa documentación fue luego elevada al Consejo de la Magistratura para sustentar la investigación disciplinaria y aportar mayores elementos de juicio a la acusación.
La diputada advirtió sobre la gravedad institucional que representa ocultar antecedentes relevantes en una declaración jurada, porque impide a los órganos encargados del control —el Consejo y el Senado— evaluar con transparencia la idoneidad y la conducta de quienes integran el Poder Judicial.
Cattalini subrayó que cada día sin respuestas erosiona la credibilidad del sistema judicial y que resulta imprescindible actuar con decisión para que la Justicia recupere la confianza social.
El caso combina pesquisas penales y medidas disciplinarias, y mantiene la atención política y mediática por el cargo que ocupa Salmain y por la naturaleza de las imputaciones.
El pedido de la diputada apunta a acelerar el trámite en el Consejo de la Magistratura y a garantizar que la investigación sea exhaustiva, transparente y sin dilaciones.
La causa seguirá su curso en el ámbito disciplinario del Consejo, mientras continúan las averiguaciones en el fuero penal vinculadas a la operación financiera denunciada.
La documentación aportada por Cattalini se suma a las pruebas ya existentes en el expediente y, según la legisladora, refuerza la necesidad de un pronunciamiento claro y rápido por parte de las autoridades competentes.
Las próximas decisiones del Consejo y la actuación de la jueza Provítola serán determinantes para el avance del proceso y para la eventual determinación de sanciones administrativas o inhabilitaciones si se acredita la conducta denunciada.
La controversia pone en debate la fiscalización de los antecedentes de los magistrados, la transparencia en los concursos y la eficacia de los mecanismos institucionales para sancionar irregularidades.
Para la diputada, la celeridad en el tratamiento del caso no solo responde a un reclamo político, sino a una demanda ciudadana por mayor integridad en la Justicia.
El expediente contra el juez Salmain continuará en distintas instancias, y las nuevas pruebas presentadas por Cattalini quedan ahora a consideración del Consejo de la Magistratura para su evaluación y resolución.
